El juez 34 Administrativo del Circuito de Bogotá, el resolver una acción popular interpuesta por el Contralor de Bogotá, consideró que el contrato de la máquina tapahuecos “no evidencia ninguna amenaza, ni vulneración al derecho colectivo, a la moralidad administrativa, ni afectación alguna al patrimonio de la Nación”.

Al pronunciarse contra la acción popular que presentó el Contralor de Bogotá, Diego Ardila, contra la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) y la Sociedad Green Patcher Colombia S.A.S., por la supuesta vulneración de derechos colectivos al patrimonio público a la moralidad administrativa por lo cual solicitó la suspensión de ejecución del contrato, el juez advirtió que “no se probó ningún tipo de actuación que contrarien los principios de la buena fe y la transparencia”.

De esta manera, el juez 34 Administrativo del Circuito de Bogotá negó la solicitud de suspensión de la ejecución del contrato 638 del 27 de diciembre de 2013 en contra de la administración distrital y la firma contratista.

Las cifras sobre el funcionamiento de las máquinas tapahuecos indican que a 10 de diciembre de 2015 se ha logrado alcanzar una meta de ejecución del 76.05 por ciento, es decir, que se han tapado 220.000 mil huecos y se ha hecho intervención en 4266 segmentos viales.

En el mismo período, en desarrollo del Proyecto de Ciencia y Tecnología que lideró el contrato de las  máquinas tapahuecos, se han inyectado 11.928 metros cúbicos de mezcla asfáltica en frío.