La política de Integridad fortalece la capacidad de las entidades para dinamizar el cambio cultural que incluya la adopción del código de integridad del servicio público, el manejo de conflictos de interés, la publicación de la declaración de bienes y rentas, la gestión de riesgos y el control interno, con el propósito de garantizar un comportamiento probo en los servidores públicos distritales, que permita generar una barrera de contención frente a los delitos contra la administración pública.
